Exigir no siempre es aceptable: Lo que muestra el caso SUCAMEC del Servicio Individual de Seguridad Personal (SISPE)
Por Katherine Flores Egoavil – Abogada en Flores Legal Group.
A través de la Resolución N° 0110-2026/SEL-INDECOPI, el INDECOPI ha declarado barrera burocrática ilegal un requisito exigido por la SUCAMEC para la autorización del Servicio Individual de Seguridad Personal (SISPE), el cual no solo evidencia un problema de regulación, sino que abre una amplia discusión.
En el presente caso, el requisito exigido versa sobre la presentación de copia del contrato de trabajo con el usuario del servicio como condición para que se le autorice la prestación del servicio como SISPE; no obstante, al no estar debidamente sustentado en la normativa, este fue declarado ilegal.
Este hecho posibilita pensar en una circunstancia común en la administración pública: la imposición de requisitos formales que, aunque no son infracciones por sí mismos, tienen un impacto importante en el estado jurídico de los ciudadanos administrados.
Cuando un requisito formal limita derechos
En la práctica, muchos procedimientos administrativos —como el procedimiento administrativo sancionador— se originan por un incumplimiento de requisitos formales. Es decir, si un administrado no cumple con lo indicado por la entidad, puede ser sancionado.
No obstante, en el presente caso, la presentación de la copia del contrato de trabajo no configura una infracción en sí misma, sino que constituía un requisito para la autorización o renovación del servicio SISPE. Sin embargo, esto no le quita importancia, ya que demuestra cómo las exigencias sin base legal pueden limitar los derechos, reducir el acceso a actividades permitidas e incluso afectar de manera indirecta la situación jurídica del administrado.
En ese marco, la potestad sancionadora por parte del Estado no es definitiva, puesto que está sujeta a los principios regulados en el TUO de la LPAG N° 27444, como el principio de legalidad, de tipicidad, de razonabilidad, entre otros.
Una práctica recurrente en distintos sectores
Este caso demuestra lo común que es en distintos sectores del Estado imponer requisitos adicionales —muchas veces por vía reglamentaria o incluso interna— que terminan con el inicio de un procedimiento sancionador por su incumplimiento. Esto coloca al administrado en una situación de desventaja, presionándolo a cumplir exigencias indebidas o a enfrentar sanciones mal impuestas.
No obstante, la declaración de barrera burocrática ilegal por parte del INDECOPI no solo ha eliminado el requisito, sino que reafirma un criterio esencial: la administración no puede exigir condiciones que vayan más allá de lo establecido en el marco legal.
Lo que el administrado debe tener presente
El requisito exigido para el SISPE revela una dificultad que a menudo se pasa por alto: no todos los requisitos administrativos son legítimos. En numerosas situaciones, pueden transformarse en el inicio de consecuencias que impactan directamente al administrado.
Por ello, es importante que los administrados no asuman inmediatamente la aceptación de todo requerimiento, puesto que detrás de un requisito, una multa o una sanción administrativa pueden existir vicios que afectan su legalidad.
Resulta recomendable, antes de aceptar o asumir una sanción, recurrir a un especialista en la materia a fin de evaluar el caso concreto, verificar su legalidad y evitar consecuencias que pueden ser perjudiciales.